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¿QUÉ OCURRE SI COMPRO UN VEHÍCULO DE SEGUNDA MANO QUE RESULTA AVERIADO?

¿QUÉ OCURRE SI COMPRO UN VEHÍCULO DE SEGUNDA MANO QUE RESULTA AVERIADO?

Es frecuente recurrir al mercado de vehículos de segunda mano que acudir al concesionario de la marca oficial. Y es que los precios mandan: a cambio de perder ciertas garantías y la incertidumbre sobre el estado interno del vehículo, se pueden obtener grandes descuentos respecto al precio original.

En principio, que un vehículo presente algunos fallos sin perjudicar su uso no debería tener relevancia jurídica. El problema reside en aquellas averías del motor, en el colector de admisión de gases o en otras zonas del vehículo que, por su entidad, deben ser necesariamente reparadas.

Pues bien, en contra de la creencia popular, nuestro Código Civil establece en su artículo 1.484 que “el vendedor estará obligado al saneamiento por los defectos ocultos que tuviere la cosa vendida, si la hacen impropia para el uso a que se la destina, o si disminuyen de tal modo este uso que, de haberlos conocido el comprador, no la habría adquirido o habría dado menos precio por ella”, con lo que se establece un principio general de responsabilidad del vendedor por los vicios ocultos de la cosa vendida.

Lo anterior es aplicable siempre y cuando la compraventa se realice entre particulares, pues si se efectúa con concesionarios (oficiales o multimarca), además de las garantías propias que suelen figurar en el contrato, será aplicable la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Sin embargo, es necesario que concurran algunos requisitos:

1º) el vicio debe ser oculto, por lo que no podremos reclamar por los defectos apreciables a simple vista (P.e.: no podemos solicitar que nos pinten el vehículo porque éste estaba presentaba arañazos);

2º) el vicio debe ser grave, haciendo que el vehículo no funcione o que disminuya su rendimiento (por ejemplo, si reduce su vida útil);

3º) el vicio debe ser preexistente, lo que significa que se debe demostrar que ya concurría cuando se formalizó la operación de compraventa;

4º) si el comprador es un experto o un perito mecánico, se le exige un extra de diligencia, presumiendo que debería haber examinado el vehículo en profundidad antes de su compra;

5º) si se ha pactado entre las partes que el vendedor no responde, no se podrá reclamar importe alguno salvo mala fe de este último;

6º) es irrelevante para el surgimiento de responsabilidad la ignorancia del vendedor acerca de las averías. De hecho, si ya las conocía y no lo comunicó, deberá abonar también los daños y perjuicios que demuestre el comprador;

7º) la jurisprudencia viene exigiendo que el precio de la compraventa no sea excesivamente inferior al de mercado, pues entiende que en este caso se presume la existencia de posibles vicios.

Si reúnen todos los requisitos mencionados, el plazo para emprender acciones (o interrumpir prescripción) es de seis meses desde la entrega del vehículo.

Por lo que respecta a las posibilidades del comprador, puede exigir:

  1. la rescisión del contrato, con el reembolso de los gastos que haya asumido a través de la acción redhibitoria

la disminución proporcional del precio según un perito a través de la acción quanti minoris

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